En años anteriores, a un individuo que había estado involucrado en la comisión de un delito mayor durante el cual se le había ocasionado la muerte a alguien, se le podían imputar cargos por el delito de asesinato que se encuentra consagrado en el artículo 189 PC, sin que fuera imprescindible que fuera quien le produjo la muerte a la víctima personalmente, debido a la norma de asesinato por delitos mayores. Algunos de estos delitos mayores incluyen el robo de autos, violación, incendio provocado, robo, mutilación, y secuestro. Esto elevaba las sanciones a las que estas personas debían someterse como resultado de tales hechos, ya que el delito de asesinato en este estado estipula una pena en prisión estatal que oscila entre los 25 años a cadena perpetua, pudiendo imponerse una cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional.

No obstante, el estado reformó la norma de asesinato por delitos mayores, de manera que sólo fuera aplicable a los individuos que le ocasionaron la muerte a la víctima personalmente, asistieron la comisión del delito con el propósito específico de acabar con la vida de una persona, o actuaron con una indiferencia negligente hacia la vida humana. Asimismo, el Proyecto de Ley del Senado 1437 fue aprobado por la Legislatura del estado de California y tras ser aprobada por el gobernador, fue estipulada bajo el artículo 1170.95 del Código Penal, entrando en vigor en el mes de enero de 2019.

Esta disposición sería aplicada a todos los casos en curso y futuros de asesinato que fueran juzgados en el tribual penal y en el respectivo tribunal de apelaciones. De conformidad con la misma, los condenados por el delito de asesinato que cumplan con ciertos requisitos de elegibilidad pueden solicitar a un tribunal penal del estado de California la anulación de esta condena. Por lo que además de establecer ciertos límites jurídicos a las condenas por este delito, contempló una alternativa para que los juzgados bajo los parámetros anteriores tuviesen la oportunidad de impugnar la sentencia. Antes de su promulgación, las normas jurídicas relacionadas con asesinato no contemplaban ninguna alternativa similar para estos condenados.

De conformidad con las leyes penales, la anulación de la condena consiste en la declaración de invalidez de la sentencia condenatoria, lo cual puede estar fundamentado en un error jurídico sustancial que incidió en el veredicto dictado por el juez. Pero no todas las condenas por este hecho punible pueden ser anuladas, ya que esto solo se lleva a cabo tras la presentación de una solicitud por parte de su abogado ante el tribunal, tras lo cual el tribunal evalúa el caso y este determina que el solicitante cumple con los requisitos de elegibilidad. En tal caso, la sentencia condenatoria es eliminada de los registros de sus antecedentes penales

Si fue condenado por el delito de asesinato, contacte de inmediato a uno de los abogados de nuestro bufete, Los Angeles Criminal Lawyer, localizado en Los Ángeles, California. Nuestro equipo de profesionales aplicará su extensa experiencia para elaborar la defensa más adecuada para su caso, para de esta forma lograr que se anule la condena y cesen las consecuencias que derivan de la misma.

¿Cuál es el propósito de esta disposición?

Con esta disposición, se evita condenar a una persona por el delito de asesinato si este no fue el perpetrador del homicidio, o no tenía el conocimiento de que este ocurrió, ya que no debería enfrentar las mismas sanciones que el responsable, o aquel que haya cometido el delito mayor con el propósito específico de producir la muerte. Por otra parte, esta norma permite que los funcionarios policiales puedan identificar a los responsables del homicidio con mayor facilidad y de esta forma puedan ser sometidos a las sanciones correspondientes. Esto se debe a que en los casos en que existen varios acusados por asesinato como delito mayor, el peticionario tendrá la oportunidad de defenderse contra las acusaciones en su contra y demostrar, que no perpetró el asesinato, ni tampoco prestó asistencia para su comisión o actuó con una indiferencia negligencia por la vida humana. Al probar lo que realmente ocurrió, esto puede revelar quién fue el verdadero perpetrador.

Por otro lado, la legislación establece que imponer un largo periodo de privación de libertad en estos casos no es proporcional a la culpabilidad de un individuo que no perpetró el asesinato, por lo que el propósito de esta ley es cerciorarse de que las penas sean equitativas y proporcionales a la culpabilidad del acusado. Esto además, ayuda a reducir el hacinamiento en las prisiones.

¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para esta petición?

Si está interesado en realizar esta petición, debe conocer cuáles son los requisitos para calificar para la anulación de la condena. En primer lugar, la ley establece que el fundamento jurídico de la sentencia condenatoria debe ser uno de los siguientes:

  • La norma de asesinato por delitos mayores.

  • La teoría de las consecuencias naturales y probables.

Además, el condenado por asesinato puede calificar para la anulación de la condena en el mismo tribunal ante el cual fue condenado en los siguientes casos:

  • El acusado accedió a declararse culpable en lugar de someterse a un juicio, o fue condenado por asesinato en primer o segundo grado tras celebrarse un juicio.

  • Los cargos imputados le permitieron al fiscal proceder conforme a lo dispuesto por la teoría de las consecuencias naturales y probables, o la regla de asesinato por delitos mayores.

  • El acusado no puede ser condenado de asesinato en primer o segundo grado debido a la vigencia del Proyecto de Ley 1437.

¿Quiénes no serán elegibles?

Si bien algunos condenados por asesinato pueden ser liberados de la responsabilidad penal, la ley también establece ciertos límites. Asimismo, no califica para este procedimiento si se cumplen cualquiera de las siguientes circunstancias:

  • El acusado fue el perpetrador del asesinato.

  • El acusado no fue el perpetrador del asesinato, pero ayudó considerablemente al asesino y fue un cómplice fundamental en su comisión.

  • La víctima era un funcionario policial en ejercicio de las obligaciones inherentes a su cargo.

  • El acusado fue un participante fundamental en la comisión del asesinato, y su conducta se considera imprudente por haber puesto en riesgo la vida humana.

¿Cuáles son los requisitos de la petición?

La petición debe ser presentada en el Departamento del fiscal del condado en el que fue condenado. Si el juez que dirigió el caso no está disponible, entonces se le asignará otro para que evalúe la petición y emita una decisión. Esta petición para la anulación de la condena debe contener la siguiente información:

  • El número de expediente y el año en que fue condenado.

  • Una declaración del acusado en la que exprese estar calificado para este procedimiento, en observancia de los requisitos que explicamos anteriormente.

  • Si solicita que se le asigne un abogado.

Si omite alguno de estos datos o el tribunal no logra obtenerlos, entonces es probable que la petición sea rechazada y se le informará que el tribunal no puede emitir una decisión sin los datos requeridos. Sin embargo, puede presentarla nuevamente apenas disponga de los mismos.

¿Cómo debe presentarse la petición?

Como mencionamos anteriormente, la petición para la anulación de la condena por asesinato debe ser presentada ante el mismo tribunal que dictó la sentencia condenatoria, en donde su abogado entregará las copias de esta petición al fiscal del distrito.

Por su parte, tanto el fiscal del distrito como el abogado defensor tendrán la oportunidad de presentar un documento para pronunciarse acerca de la solicitud, y deberán oponerse o respaldarla en base al registro de la condena. Por su parte, el tribunal determinará si es necesario que se celebre una audiencia para discutir su elegibilidad.

Si el fiscal no logra demostrar que el acusado no es elegible por encima de cualquier duda razonable, el tribunal puede anular la condena. Otra alternativa es lograr que se reduzca la pena impuesta con la misma, ya que se tomará en cuenta el periodo de privación de libertad que ya ha cumplido, en base a lo cual se le asignan créditos para que sea liberado antes. En dado caso, es posible que se ordene el cumplimiento de un periodo máximo de 3 años de libertad condicional luego de haber cumplido con la pena privativa de libertad.

¿Quién tiene la carga de la prueba en este procedimiento?

La carga de la prueba en un procedimiento judicial penal consiste en cuál de las partes tiene la obligación de probar las acusaciones que se han presentado en contra de un individuo. Con respecto a este procedimiento, la carga de la prueba recae sobre el fiscal, quien debe rebatir la solicitud de nulidad de la sentencia condenatoria.

Cuando se imputan cargos en contra de un individuo por el delito de asesinato, las acusaciones deben ser probadas por encima de cualquier duda razonable, el cual es el estándar de evidencia más elevado que puede aplicarse en un procedimiento penal por hechos graves. Así que, ante una petición para la anulación de la sentencia condenatoria, el fiscal debe demostrar por encima de cualquier duda razonable, que la condena no debe ser anulada.

¿Cuáles son las formalidades de la audiencia en la que se discute la petición?

El Departamento de la fiscalía que está a cargo del caso debe presentar una contestación a la petición del acusado en un periodo de 60 días a partir de que reciba la notificación de la petición. Por su parte, el acusado también tendrá la oportunidad de presentar una contestación a los argumentos del fiscal dentro de los 30 días siguientes al lapso anterior.

Si alguna de las partes no puede presentar su respuesta dentro de los lapsos establecidos, el tribunal concederá una prórroga sí demuestran la existencia de una causa de justificación.

Cuando el juez emite una orden para juzgar el caso, el tribunal debe celebrar una audiencia en los 60 días siguientes para determinar si se debe emitir una nueva sentencia sobre el caso, o simplemente debe anularse la condena.

Es importante resaltar que el fiscal y el acusado pueden estar de acuerdo en que la condena sea anulada, por lo que renuncian a la audiencia y el acusado se convierte en elegible para este procedimiento. También calificará automáticamente para la anulación de la condena si el tribunal determina que el acusado no actuó con una indiferencia negligente hacia la vida humana ni fue un participante importante en la comisión del delito.

Durante la audiencia, el fiscal debe demostrar que el acusado no cumple con todos los requisitos estipulados en la ley para que la condena por asesinato sea anulada o se emita una nueva sentencia. Si el fiscal no demuestra este estándar satisfactoriamente, entonces el tribunal procederá a anular la condena y/o volverá a juzgar y sentenciar al acusado por los cargos restantes.

Tanto el fiscal al oponerse a la petición, como el acusado al sostenerla, pueden basarse en las transcripciones del juicio, o en las evidencias presentadas en las audiencias del procedimiento judicial. Así como también pueden presentar nuevas evidencias.

Si se dicta una nueva sentencia sobre el caso, el juez debe conceder al acusado crédito por el periodo de encarcelamiento cumplido. Tras lo cual es probable que ordene que se mantenga bajo una libertad condicional supervisada por un periodo máximo de 3 años contados a partir de la sentencia.

¿Cuáles derechos constitucionales deben ser garantizados durante este procedimiento?

Cuando se realiza la petición para la anulación de la condena, el acusado seguirá siendo considerado un criminal, y será titular de los derechos consagrados en la Sexta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, la cual establece que cualquier ciudadano de la nación tiene derecho de contar con asistencia legal, a que se celebre un juicio expedito con un jurado imparcial, y se le conceda la oportunidad de interrogar a los testigos que han sido presentados en su contra. Además, tiene derecho a comprender los cargos imputados, y las evidencias recabadas por la fiscalía para respaldar las acusaciones.

Asimismo, cuando el individuo realiza la solicitud para la anulación de la condena, su derecho a un juicio expedito le permite iniciar acciones legales contra los responsables si existen dilaciones indebidas en el procedimiento. Además, ser asistido por un abogado defensor capacitado aumentará sus probabilidades de lograr un resultado favorable.

¿Cuáles son las diferencias entre este procedimiento y la moción para anular una sentencia penal en el estado de California?

En este estado, la ley requiere que los acusados que emitan una declaración de culpabilidad o no oposición a los cargos, lo realicen de forma consciente, inteligente y voluntaria. De lo contrario, el artículo 1018 PC les permite presentar una moción para la anulación de la sentencia penal si fue obligado a realizar tal declaración, en ese momento no estaba consciente de las consecuencias que podían derivar de la misma, o si no contó con una representación legal, o estuvo representado por un abogado incompetente.

Una moción para la anulación de una sentencia penal consiste en solicitar a un tribunal penal del estado de California que invalide una resolución judicial o sentencia anterior. Cuando la moción es aprobada, se retira la declaración realizada por el acusado y se le concede la oportunidad de declararse “no culpable” de las acusaciones en su contra. Tras lo cual, la condena es eliminada y el procedimiento judicial comienza nuevamente. Esta moción sólo puede ser presentada antes de que se dicte la sentencia condenatoria, o dentro de un periodo de 6 meses a partir de la sentencia condenatoria, si en la misma se impuso una libertad condicional.

Por otra parte, un individuo que ha cumplido con una pena privativa de libertad puede presentar una solicitud para la anulación de la condena de conformidad con el artículo 1473.7. Esta disposición entró en vigor en el mes de enero del 2017 y aplica a los condenados que no tenían la facultad de impugnar su condena anteriormente, siempre que su solicitud esté fundamentada en un error perjudicial o en el descubrimiento de nuevas evidencias de su inocencia.

Generalmente, estas mociones son presentadas de forma oral o escrita ante el tribunal para un caso que está en curso. Por el contrario, una petición para la anulación de la condena es una solicitud escrita que es utilizada para iniciar un procedimiento. Cuando se desea que la condena por asesinato sea anulada, debe presentar una petición y no una moción.

¿Existen otros recursos contemplados en la ley para las condenas por asesinato?

Esta petición es el recurso jurídico más reciente para las condenas por asesinato en este estado, pero no es el único. Si su petición no es aprobada, aún tendrá la posibilidad de intentar otras alternativas contempladas en la ley para impugnar la condena. A continuación, conoceremos en qué consiste cada una.

  • Solicitar un indulto del gobernador. Cuando un condenado ha completado exitosamente un tratamiento de rehabilitación tras ser condenado por un delito, el gobernador del estado de California puede concederle un indulto, el cual lo exime de la mayoría de las sanciones derivadas de la condena. Si ha sido condenado por el delito de asesinato o cualquier otro, debe realizar su solicitud en un lapso de 7 a 10 años, el cual generalmente inicia a partir de que complete satisfactoriamente la libertad condicional impuesta.

No obstante, es importante destacar que uno de los efectos de la anulación de la condena por asesinato, es que la misma no es considerada un antecedente penal si es condenado por el mismo delito, pero esto no ocurre con el indulto del gobernador, ya que cuando se concede, la condena permanece en sus antecedentes penales y es considerada una condena anterior si enfrenta nuevos cargos por el mismo delito. Además, con el indulto será obligado a no cometer delitos graves en los 10 años posteriores a su concesión.

  • Interposición de un recurso de apelación. Con la interposición de un recurso de apelación, se solicita que un tribunal superior realice una revisión de la sentencia condenatoria, para lo cual no se juzga el caso nuevamente, por lo que no se presentan nuevas evidencias. En su lugar, el tribunal superior examina el procedimiento judicial llevado a cabo por el tribunal inferior y la sentencia judicial dictada, con el propósito de determinar si existen errores jurídicos. En este sentido, la Corte de Apelaciones del estado de California está encargada de las apelaciones contra las condenas por delitos mayores, mientras que las apelaciones interpuestas contra las condenas por delitos menores son competencia de una corte de apelaciones distinta.

Con respecto al lapso para la presentación de este recurso, se concede un periodo de 30 a 60 días para realizar una notificación de apelación, contados a partir de que el tribunal penal dicte la sentencia condenatoria.

  • Solicitud para la reducción de la pena. El Proyecto de Ley 1437 no sólo contempla la anulación de la condena, sino también la reducción de la pena impuesta. Para ello, el acusado debe presentar la petición ante el tribunal que dictó la sentencia condenatoria, o el Departamento de la fiscalía correspondiente, en la que demuestre cumplir con los requisitos para calificar para este procedimiento, los cuales son similares a los de la anulación de la pena. Si demuestra ser elegible, se realizará una audiencia en la que se discute si efectivamente debe dictarse una nueva sentencia. Durante la misma, el fiscal debe probar que no debe imponerse una pena menor. Si no lo logra, entonces se anularán las acusaciones y los aumentos de pena dictados con la sentencia condenatoria, tras lo cual, se dictará una nueva sentencia para los cargos restantes.

¿Cómo puedo contratar a abogados que estén ubicados cerca de mí?

Si usted o alguien cercano ha sido condenado por el delito de asesinato y cree cumplir con los criterios de elegibilidad de conformidad con lo explicado en este artículo, debe contactar a los abogados nuestro bufete de inmediato. Contamos con décadas de experiencia en la defensa criminal y hemos logrado una cantidad de resultados satisfactorios, por lo que estamos altamente capacitados para representarlo en los procedimientos posteriores a la condena.

Llame al número 310-502-1314, y programe su consulta gratuita y confidencial con un profesional que lo ayudará con la petición para anular una condena por asesinato, del bufete de abogados Los Angeles Criminal Lawyer.